LA DEMOCRACIA ALQUILADA

Como era de esperar cuando el presidente del gobierno aseguró que las elecciones generales se celebrarían en el verano de 2027, terminó anticipándolas para finales de este mes de los muertos, acaso por evitar la defunción política que se avecinaba en el horizonte judicial del porvenir. La excusa oficial fue la derrota de los decretos leyes que demonizó como técnica legislativa cuando la usaba Rajoy y activó sin pudor para intentar resolver el problema de la vivienda en España, pretendiendo en una semana aprovechar la bienintencionada corriente de simpatía a favor de una desahuciada vulnerable, para encubrir su desidia en la materia durante dos legislaturas enteras. Entonces se inició la fase decisiva de la campaña permanente en donde los candidatos desfilan por los medios de comunicación pretendiendo nuestro apoyo mientras sus gurús electorales se afanan en construir mecanismos ideados para falsear la voluntad popular.

 

El presidente comenzó siendo un náufrago agarrado a la lápida de Maricarmen y al romanticismo imbatible impreso en la movilización de los jóvenes, para acoger la causa de una octogenaria que se encontró sin techo donde caerse muerta y acabar la vida independiente que a ellos el sistema les impide comenzar. Más tarde, el guion exigía aliviar el luto y abandonarse a un sentimentalismo sonriente bajo el que olvidar el deterioro de una democracia desahuciada de los usos que deberían convertirla en una costumbre que trascienda al rito de votar de vez en cuando. La introducción de la papeleta en la urna se convierte en un acto vacío, si ninguna de las opciones disponibles lleva en su programa las reformas necesarias para que la soberanía nacional no perezca bajo un sistema electoral injusto, la separación de los poderes del Estado sea real y los contrapesos imprescindibles entre los mismos que trata de eludir el navajeo partidista, limiten la corrupción y eviten el nepotismo institucional.

 

Pensábamos que el latrocinio enquistado en las sucesivas administraciones era incruento salvo para las arcas del Estado, pero ahora parece que cuesta vidas. La conversión del ministerio de transportes en un chiringuito para dar cobijo a las mordidas de la obra pública y colocar a los afines sin cualificación técnica, se ha demostrado letal para el mantenimiento adecuado de las redes viales y ferroviarias en las que el pueblo se juega el tipo, la modernización de las mismas eternamente pospuesta por la incuria y la mala gobernanza. Las vergonzosas luchas mediáticas que su anterior titular libraba todos los días en las redes sociales constituyen una anécdota que desvía el foco del desastre en la gestión, tal y como el tintineo de las joyas de Zapatero nos distrae del tráfico de influencias que se oculta detrás. La desfachatez ha culminado en el atrevimiento de vender la dimisión de un ministro como un mérito, con ciento quince viajeros mirando desde el otro lado.

 

Mientras los partidos se enfangan en sus estrategias de frentismo para acaparar más cuotas de poder, la política útil se descuida después de cada accidente y si no hubiera otros modelos de alta velocidad sin víctimas en su desarrollo, pensaríamos que la normalidad en España pasa por el llanto sostenido en el trayecto que empieza en Angrois, pasa por Adamuz y termina en Urda. España es un lamento condenado a repetirse en cada cataclismo y una resignación extraña entre tragedias, que el ciudadano asume como parte de un paisaje imposible de modificar. Tras la pandemia no ha habido tiempo de tramitar la ley que mejore la coordinación necesaria para defendernos mejor frente a la siguiente. La devastación de los incendios del verano no deja memoria bastante para acometer la necesaria prevención en invierno y lo que antes se llamaba gota fría es ahora la dana nuestra de cada otoño, sin que el cambio de nomenclatura nos procure mayor avance que la eterna reconstrucción de lo arrasado en ausencia de las obras estructurales que pudieran mitigar la próxima catástrofe.

 

Y en estas circunstancias, para qué votar el día veintinueve. Antes del accidente que cambió el tema de la conversación pública, los partidos se afanaban en seguir manteniendo su oligarquía, componiendo alianzas en cada frente para acaparar mayorías en el Senado con las que seguir controlando la justicia que ha de fiscalizar sus desmanes. Para qué perder el tiempo acudiendo a las urnas si el Congreso está preso de una partidocracia que le impide exigir las responsabilidades políticas del gobierno pese al asedio de la corrupción, esa costumbre común a todas las administraciones que prometen limpieza antes de que se extinga el eco del escándalo anterior.

La degradación de la confrontación política en la última década nos sitúa al nivel de nuestra tradición caciquil y nos aboca a participar en un turnismo de sabor decimonónico sin esperanzas de que la regeneración pendiente la traigan los nuevos inquilinos. No hay alternativa disponible que acoja en su programa el funcionamiento democrático de los partidos y la prohibición del mandato imperativo, exigencias constitucionales cuya ausencia en la práctica han convertido al Parlamento en un teatro vacío de representatividad. Cuando usted vote en Cuenca, los diputados de la lista que cree elegir no defenderán los intereses de su tierra sino aquéllos que el jefe máximo al que deben el puesto, decida favorecer por ser más convenientes para la conservación del poder. La democracia se alquila al mejor postor en cada cita electoral.